Los Otros Desaparecidos Brasileños
[Publicado Originalemnte por Brecha Digital]
La Comisión de la Verdad instalada recientemente por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, investigará un aspecto bastante poco conocido de la represión ejercida por la dictadura en los años sesenta y setenta: la matanza de indígenas. Uno de los integrantes del organismo, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, dijo que están manejando “graves denuncias” contra responsables gubernamentales de aquellos años, no sólo militares sino también civiles.
Egydio Schwade, ex secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, órgano de la Iglesia Católica brasileña, considerado un “archivo vivo” de historias indígenas de la época de la dictadura, fue uno de los que han denunciado hace años la responsabilidad del Estado en la desaparición de alrededor de 2 mil indígenas kina que se oponían a la construcción de una ruta por su territorio, la br-174, que vinculaba a Manaos, capital del estado de Amazonas, con Boa Vista, por entonces capital de Roraima. Schwade considera a las víctimas indígenas como desaparecidos políticos, y dice que se trató de una “masacre por etapas”. Danilo Areosa, ex gobernador del estado de Amazonas, es uno de los implicados en la denuncia. Por entonces el político, un civil impuesto por la dictadura, no tenía problema alguno en admitir que la construcción de la ruta, “una necesidad vital del estado”, debía hacerse “a cualquier costo”, aun el de la pérdida de vidas humanas. En una entrevista concedida a la publicación local A Crítica en 1968, Areosa afirmaba que “el indio es un inútil que necesita ser transformado en ser humano útil a la patria”. Y decía también: “los silvícolas ocupan las áreas más ricas de nuestro estado, impidiendo su exploración y generando perjuicios incalculables al fisco e imposibilitando la captación de mayores recursos para la prestación de servicios públicos”.
Algunas de las denuncias que va a examinar la Comisión de la Verdad hablan de la muerte masiva de indígenas, literalmente dinamitados por orden de los señores de la tierra de la región amazónica.
Marcelo Zelic, vicepresidente de la sección paulista del Grupo Tortura Nunca Más, dijo que la política de exterminio promovida por el régimen militar está evidenciada en documentos públicos revelados por una comisión parlamentaria de investigación sobre la represión contra los indígenas. Curiosamente, en esos documentos quedaban también patentes casos de corrupción en el Servicio de Protección a los Indios, el órgano estatal de tutelaje de las poblaciones nativas que funcionó en los años sesenta.
José Humberto do Nascimento, “Turé”, ex funcionario de la Fundación Nacional del Indio, que sucedió al spi, va a ser llamado a prestar testimonio ante la comisión. Recientemente, Turé dijo a medios de prensa que hay indicios muy claros de la masacre de indígenas bajo la dictadura. “Nunca el indio fue respetado en Brasil, pero nunca hubo una política de exterminio sistemática y de explotación como la implementada en los años sesenta y setenta.”
La Comisión de la Verdad tendrá dos años para esclarecer los hechos, pero no tiene poderes para castigar a sus responsables, amparados por una ley de amnistía dictada por la propia dictadura.
Egydio Schwade, ex secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, órgano de la Iglesia Católica brasileña, considerado un “archivo vivo” de historias indígenas de la época de la dictadura, fue uno de los que han denunciado hace años la responsabilidad del Estado en la desaparición de alrededor de 2 mil indígenas kina que se oponían a la construcción de una ruta por su territorio, la br-174, que vinculaba a Manaos, capital del estado de Amazonas, con Boa Vista, por entonces capital de Roraima. Schwade considera a las víctimas indígenas como desaparecidos políticos, y dice que se trató de una “masacre por etapas”. Danilo Areosa, ex gobernador del estado de Amazonas, es uno de los implicados en la denuncia. Por entonces el político, un civil impuesto por la dictadura, no tenía problema alguno en admitir que la construcción de la ruta, “una necesidad vital del estado”, debía hacerse “a cualquier costo”, aun el de la pérdida de vidas humanas. En una entrevista concedida a la publicación local A Crítica en 1968, Areosa afirmaba que “el indio es un inútil que necesita ser transformado en ser humano útil a la patria”. Y decía también: “los silvícolas ocupan las áreas más ricas de nuestro estado, impidiendo su exploración y generando perjuicios incalculables al fisco e imposibilitando la captación de mayores recursos para la prestación de servicios públicos”. Algunas de las denuncias que va a examinar la Comisión de la Verdad hablan de la muerte masiva de indígenas, literalmente dinamitados por orden de los señores de la tierra de la región amazónica.
Marcelo Zelic, vicepresidente de la sección paulista del Grupo Tortura Nunca Más, dijo que la política de exterminio promovida por el régimen militar está evidenciada en documentos públicos revelados por una comisión parlamentaria de investigación sobre la represión contra los indígenas. Curiosamente, en esos documentos quedaban también patentes casos de corrupción en el Servicio de Protección a los Indios, el órgano estatal de tutelaje de las poblaciones nativas que funcionó en los años sesenta.
José Humberto do Nascimento, “Turé”, ex funcionario de la Fundación Nacional del Indio, que sucedió al spi, va a ser llamado a prestar testimonio ante la comisión. Recientemente, Turé dijo a medios de prensa que hay indicios muy claros de la masacre de indígenas bajo la dictadura. “Nunca el indio fue respetado en Brasil, pero nunca hubo una política de exterminio sistemática y de explotación como la implementada en los años sesenta y setenta.”
La Comisión de la Verdad tendrá dos años para esclarecer los hechos, pero no tiene poderes para castigar a sus responsables, amparados por una ley de amnistía dictada por la propia dictadura.
Última actualización en 27 Julio 2012.
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